Aunque las cifras oficiales apuntan a una moderación en la inflación, en la práctica los precios de servicios básicos, alimentos y transporte continúan en niveles que desbordan la capacidad de gasto de amplios sectores de la población.

Las medidas anunciadas incluyen ajustes en subsidios y revisiones tarifarias, pero no resuelven una inquietud central: ¿por qué, pese a las alertas tempranas, la respuesta institucional parece llegar tarde?

Economistas consultados coinciden en que el problema no es únicamente la inflación, sino la falta de una estrategia diferenciada para territorios donde el impacto es mayor. En regiones como el Caribe, el aumento en servicios públicos ha sido sostenido y, en algunos casos, desproporcionado frente a los ingresos.

A esto se suma un factor político inevitable: el manejo de la economía empieza a convertirse en uno de los principales frentes de cuestionamiento en el escenario preelectoral.

El anuncio abre una discusión de fondo: más allá de las medidas, ¿quién asume la responsabilidad por un costo de vida que sigue creciendo sin control real en varias regiones del país?