Cada ciclo electoral en Colombia tiene un momento en el que la seguridad deja de ser un tema más y se convierte en el eje absoluto del debate. Ese momento ya llegó.
Los recientes hechos de violencia en distintas regiones del país no solo reactivaron la preocupación ciudadana, sino que abrieron la puerta a un discurso que la política colombiana conoce bien: el de la mano dura como solución inmediata.
No es un discurso nuevo. Tampoco es improvisado. Es una narrativa construida sobre una idea simple y poderosa: el problema es la falta de control, y la solución es ejercerlo con más fuerza.
Sin embargo, la experiencia del país muestra una realidad más compleja. Las estrategias centradas exclusivamente en la militarización han tenido efectos parciales, temporales y, en muchos casos, han desplazado el conflicto sin resolver sus causas estructurales.
Hoy, el debate vuelve a ese punto. Con nuevos protagonistas, pero con los mismos argumentos.
La pregunta que queda abierta no es si la seguridad debe ser prioridad —lo es—, sino si el país está dispuesto a volver a una fórmula que históricamente ha mostrado límites claros.