La transición energética se convirtió en una de las grandes promesas del debate político colombiano. Está presente en discursos presidenciales, planes de desarrollo, agendas internacionales y narrativas institucionales que presentan al país como un actor comprometido con la transformación del modelo energético.
Sin embargo, cuando se observa la estructura económica del país, la imagen resulta menos clara.
La transición energética ocupa un lugar central en el discurso, pero no necesariamente en la base material que sostiene las finanzas nacionales.
Colombia sigue dependiendo, en buena medida, de los sectores extractivos.
El petróleo y el carbón continúan siendo determinantes en las exportaciones, en la captación de divisas y en una parte importante de los ingresos fiscales. Aunque el lenguaje político se orienta hacia energías limpias y sostenibilidad, la economía todavía opera bajo lógicas construidas alrededor de actividades extractivas.
Ese desfase es el centro de la discusión.
No se trata de cuestionar la necesidad de una transición energética. La discusión sobre el cambio climático, la presión internacional por reducir emisiones y la urgencia de construir modelos sostenibles hacen inevitable ese camino. El problema está en la distancia entre el relato político y la capacidad real de transformación.
Porque una transición energética no ocurre únicamente por voluntad discursiva.
Requiere infraestructura, inversión, estabilidad regulatoria, diversificación productiva y, sobre todo, una estrategia clara para sustituir progresivamente la dependencia económica de sectores tradicionales sin producir choques profundos en empleo, ingresos y sostenibilidad fiscal.
Ese equilibrio todavía no aparece con claridad.
Mientras el país discute energías renovables, continúa financiando buena parte de su funcionamiento con actividades que precisamente se busca reducir. La tensión no es ideológica: es estructural.
Y esa tensión también se expresa en el territorio.
Los conflictos alrededor de proyectos mineros, petroleros y energéticos no han desaparecido. Por el contrario, continúan generando disputas entre comunidades, empresas y Estado. En algunas regiones, la expansión de nuevos proyectos relacionados con energías renovables también ha abierto debates sobre el uso del suelo, el acceso al agua y la participación de las comunidades locales.
La transición, entonces, no solo es energética.
También es territorial, económica y política.
Uno de los principales riesgos del debate actual es reducir el tema a una confrontación simplificada: extractivismo contra sostenibilidad, petróleo contra energías limpias, crecimiento contra ambiente. La realidad es más compleja.
Países que han logrado avanzar hacia modelos energéticos menos dependientes de combustibles fósiles lo hicieron a través de procesos graduales, con tiempos largos de adaptación y estrategias económicas complementarias.
Colombia enfrenta una dificultad adicional: intenta avanzar hacia una transición sin haber resuelto plenamente sus problemas estructurales de desigualdad, informalidad económica y dependencia exportadora.
Eso hace que cualquier cambio tenga costos más sensibles.
La pregunta de fondo ya no es si el país debe transitar hacia otro modelo energético. Ese debate parece relativamente resuelto. La discusión real es cómo hacerlo sin profundizar desequilibrios existentes y sin construir expectativas que la estructura económica aún no puede sostener.
Porque cuando el discurso avanza mucho más rápido que las condiciones reales para ejecutarlo, aparece un problema político inevitable: la frustración.
Y allí es donde hoy parece estar Colombia.
No frente a una contradicción simple, sino frente a una transición incompleta.
Una transición que existe en el lenguaje, pero que todavía no logra consolidarse plenamente en la realidad económica del país.